Este importe se distribuirá entre los distintos departamentos de la comunidad autónoma, que deberán reservar la cantidad que se les asigne para este fin
El Consejo de Gobierno ha fijado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el porcentaje mínimo de reserva del derecho a participar en las licitaciones del sector público de la comunidad autónoma para centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción y programas de empleo protegido, según la normativa reguladora de contratación del sector público.
Así, para la anualidad de 2027, el importe mínimo de reserva en la contratación pública para este tipo de entidades se fija en 2,7 millones de euros, modificando y dejando sin efecto las determinaciones anteriores contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 22 de mayo de 2019, relativo a la reserva de contratos. Este importe será revisable anualmente en el primer semestre de cada ejercicio para su aplicación en el ejercicio siguiente. En caso de que no se dictase un nuevo acuerdo, se prorrogaría directamente para el año siguiente.
Respecto a su distribución, se repartirá entre los distintos departamentos en los que se estructura el Gobierno de Canarias, conforme a la participación de cada uno de ellos en el último presupuesto consolidado. El importe mínimo se fija para cada consejería, lo que incluye también sus organismos, entes públicos y privados adscritos.
Este importe podrá revisarse anualmente al alza, con la finalidad de seguir ahondando en la implantación de la contratación estratégica en esta vertiente social. Dicho importe mínimo será revisable por el Gobierno anualmente en el primer semestre de cada ejercicio para su aplicación en el ejercicio siguiente, y en el caso de que no se dictase un nuevo acuerdo se prorroga automáticamente para el ejercicio siguiente.
Para el cálculo del importe reservado por los diferentes departamentos, se tomará como referencia el presupuesto base de licitación o el valor estimado de los contratos, incluido IGIC, de aquellas licitaciones publicadas en la anualidad correspondiente por cualquiera de los órganos de contratación adscritos o dependientes, ya sea por referencia a contratos completos o lotes, y con independencia del resultado de la licitación.
A efectos de evaluar el cumplimiento del importe mínimo de reserva, no computarán los contratos realizados mediante la tramitación de emergencia, contratos reservados ni las prórrogas de los contratos reservados.
Tampoco computará, a efectos de verificación del cumplimiento del importe mínimo de reserva, la reserva operada a través de la subcontratación. En el caso de contratación menor que se efectúe a entidades susceptibles de reserva, computará con el límite del 25% del importe mínimo de reserva asignado por Departamento.
Con este nuevo acuerdo, el Gobierno de Canarias pretende establecer una metodología clara de cuantificación de la obligación mínima de reserva, que permita a los órganos de contratación planificar su contratación en aras de cumplir el porcentaje de reserva mínimo, que es bastante realista y ajustado. Además, se clarifica el ámbito subjetivo de aplicación, al integrar a todo el sector público institucional, incluyendo las sociedades y fundaciones públicas.
Asimismo, este nuevo acuerdo determina de la forma más precisa posible las condiciones de cumplimiento de la reserva, alineadas con la contratación estratégica y con los informes de supervisión emitidos.
Por otro lado, se establece una metodología de seguimiento y supervisión eficaz, orientada al análisis de datos y proposición de mejoras. Todo ello fomenta la profesionalización de las unidades de contratación y refuerza la capacitación y profesionalización del sector económico al que va dirigida la reserva, así como la creación de un registro de entidades aptas para la reserva de contratos.
Para el Gobierno de Canarias, la compra pública se muestra como una herramienta eficaz para la consecución de políticas de carácter económico y social. El cumplimiento de la Ley de contratos del sector público en cuanto a la reserva de un porcentaje a la participación de este tipo de entidades y el aumento de este límite hasta los casi 3 millones de euros favorecerá, en última instancia, la inclusión de colectivos vulnerables.